En el año del Bicentenario. Por la democracia y el pluralismo en los medios de comunicación.

En el año en que Argentina celebra los 200 años de su independencia de la corona española, muchos son los debates que atraviesan el plano político, el económico y el cultural. En lo que refiere a los medios de comunicación, el escenario político que se instaló a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente, provocó euforias y turbulencias en los sectores vinculados a las industrias culturales cuando -mediante un puñado de Decretos de Necesidad y Urgencia- modificó aspectos sustanciales de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que en 2009 desplazó a la 22285 promulgada por la última dictadura militar.

Debatida, analizada y modificada en múltiples foros y audiencias públicas desarrolladas a lo largo de todo el país, la LSCA surgió como respuesta a las expectativas de los distintos sectores (profesionales de medios, sindicatos, investigadores, empresarios, entre otros) que durante años bregaron por una ley “de la democracia”. La Ley 26522 habilitó el acceso a licencias a nuevos actores sociales y políticos (gremios, universidades, pueblos originarios, escuelas técnicas); promovió la producción de contenidos locales y regionales; protegió la pluralidad cultural, y la participación; creó la figura del defensor público de servicios de comunicación audiovisual y prohibió el acceso a licencias de quienes fueron funcionarios de gobiernos de facto.

Sus aspectos más significativos fueron sin embargo, los más resistidos por los grupos concentrados de medios, que no toleraron su espíritu anti monopólico. Desde su sanción en 2009, estos grupos de medios judicializaron su oposición a la LSCA y lograron postergar su plena vigencia en un claro intento de ganar tiempo para burlar la disposición que les imponía desprenderse de licencias.

En ese marco, la Corte Suprema de Justicia debió pronunciarse respecto a la constitucionalidad de Ley y subrayó que: “En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”. El máximo tribunal consideró legítima “una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”.

Nada de ello impidió que en enero de 2016 y a través de mecanismos legales pero de baja intensidad en términos de “legitimidad” se recortaran aspectos fundamentales de una norma considerada modelo en América Latina.

El DNU N° 267/2015 disolvió los organismos colegiados creados por la LSCA, amplió los márgenes de concentración de emisoras de radio y televisión y eliminó los derechos de las audiencias, por sólo mencionar algunos puntos destacados de su articulado.

La reacción de centenares de organizaciones de la cultura, la Defensoría del Público, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) y otras entidades que elevaron su preocupación a la Comisión Interamericana de DD.HH (CIDH), abrieron una instancia en la cual las autoridades nacionales se comprometieron a debatir un proyecto de ley que unifique las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (Ley de Convergencias). Ese debate está en marcha.

Los sectores de la comunicación y la cultura comprometidos con la ampliación de derechos y el pluralismo informativo, han planteado que en esa nueva Ley de Convergencias la “LSCA debe tomarse como piso y no como techo” de las nuevas propuestas. En tal sentido, por ejemplo la Coalición por una Comunicación Democrática (colectivo de organizaciones) exigió “el respeto a los Tratados Internacionales, la apertura de audiencias públicas, la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual” entre muchos otros aspectos.

En sentido similar se pronunció la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) al manifestar que “esta política violenta el derecho a la libertad de expresión y la pluralidad de voces, imprescindibles para la vida democrática. Ejemplo de ello es la marginación creciente a la que deberán enfrentarse los medios  populares sin fines de lucro, universitarios y de diferentes organizaciones de la sociedad civil”.

Por su parte, las Cámaras patronales como la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y otras, aprovecharon la invitación a la ronda de consultas para manifestar sus tradicionales reclamos en contra de la cuota de pantalla, reclamar por la revisión de los convenios colectivos de trabajo y promover limitaciones a las radios comunitarias. Mientras se preparan los fastos por la celebración de los 200 años que marcaron los inicios de la soberanía política, en el plano cultural y de las comunicaciones se lleva adelante un debate crucial para la construcción de sentido y la difusión de ideas. La discusión está abierta e involucra a toda la sociedad.

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